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Las sanciones se regulan en el artículo 283 de la LSC:

“1. El incumplimiento por el órgano de administración de la obligación de depositar, dentro del plazo establecido, los documentos a que se refiere este capítulo, dará también lugar a la imposición a la sociedad de una multa por importe de 1.200 a 60.000 euros por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, previa instrucción de expediente conforme al procedimiento establecido reglamentariamente, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuando la sociedad o, en su caso, el grupo de sociedades tenga un volumen de facturación anual superior a 6.000.000 euros, el límite de la multa por cada año de retraso se elevará a 300.000 euros.

2.La sanción a imponer se determinará atendiendo a la dimensión de la sociedad, en función del importe total de las partidas de activo y de su cifra de ventas, referidos ambos datos en el último ejercicio declarado a la Administración Tributaria. Estos datos tendrán que ser facilitados al instructor por la sociedad; su incumplimiento se considera a efectos de la determinación de la sanción. En el supuesto de no disponer de tales datos, la cuantía de la sanción se fijará de acuerdo con su cifra de capital social, que a tal efecto se solicitará en el Registro Mercantil correspondiente.

3.En el supuesto de que los documentos a los que se refiere este capítulo hubieran sido depositados con anterioridad a la iniciación del procedimiento sancionador, la sanción se impondrá en su grado mínimo y reducida en un cincuenta por ciento.

4. Las infracciones a que se refiere este artículo prescribirán a los tres años.”

El Real Decreto 2/2021, de 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de auditoría de cuentas, establece dos novedades:

a) se encomienda la gestión de decisión sobre los expedientes sancionadores a los registradores mercantiles.

b) en segundo lugar, establece los criterios para determinar el importe de la sanción y que son:

• La sanción será del 0,5 ‰ del importe total de las partidas de activo, más el 0,5 ‰ de la cifra de ventas de la entidad de la última declaración a la Administración Tributaria, el original de la cual debe ser presentado.
• Con carácter subsidiario, si no se aporta la declaración tributaria requerida, la sanción se cuantifica en el 2% del capital social según los datos inscritos en el Registro Mercantil.
• En caso de que se aporte la declaración tributaria, y la sanción resultante de aplicar dichos porcentajes a la suma de las partidas del activo y en las ventas fuera mayor que el 2% del capital, se aplicaría esta última reducida en un 10% – supondremos que por tener en cuenta que se ha cumplido con el deber de aportar los datos-.

El procedimiento de sanción, se sigue conforme a los preceptos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Desde que el ICAC notifica la incoación del expediente sancionador se da un plazo para efectuar alegaciones de 15 días a la sociedad que no ha presentado las cuentas en el Registro Mercantil dentro de los plazos legalmente establecidos. Una vez transcurrido este espacio de tiempo, la Administración cuenta con un plazo de seis meses desde la fecha de acuerdo de incoación para resolverlo e imponer la multa correspondiente. De no resolverse el expediente en este plazo, la normativa establece que caducaría el expediente, a menos que se hayan producido las suspensiones e interrupciones en el cómputo del plazo en aquellos casos que prevé la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que es de aplicación al caso.

Asimismo, queremos destacar el apartado 5 del artículo 378 del Reglamento del Registro Mercantil, en el que se establece que no procederá al cierre del Registro cuando las cuentas no se hayan depositado por no estar aprobadas por la Junta General, siempre que “se acredite esta circunstancia mediante certificado del órgano de administración con firmas legitimadas o copia autorizada del acta notarial de Junta general en la que conste la no aprobación de las cuentas anuales”. Cada seis meses, la sociedad deberá reiterar la subsistencia de la falta de aprobación a través de certificaciones y/o actas que se inscribirán y publicarán en el BORME.